El jefe de Memoria Histórica bloquea que pueda consultarse el estudio que ZP le subvencionó con 70.000 €

Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de Pedro Sánchez, ha trasladado unas duras alegaciones a un particular que, mediante la Ley de Transparencia, pedía consultar los trabajos que coordinó en la Universidad de Almería y que costaron 70.000 euros públicos en subvenciones sobre memoria histórica otorgadas por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011.

En dichas alegaciones firmadas el pasado lunes 2 de noviembre en Almería y que desvela OKDIARIO, el alto cargo ministerial pone numerosas pegas a que esos estudios universitarios sobre memoria histórica se puedan analizar. En lugar de poner una alfombra roja a la transparencia, el alto cargo del Gobierno ataca al ciudadano anónimo que se interesaba por sus trabajos sufragados con las arcas públicas.

«No puede ignorarse, al focalizarse la solicitud en el concepto de Memoria Histórica, que en el actual clima político y mediático emerge un debate promovido por sectores de corte negacionista y totalitario sobre estas cuestiones, que buscan señalar y poner en el punto de mira a los que consideran adversarios ideológicos», lanza el secretario de Estado.

Fernando Martínez López pide que «en ese sentido, habrá que tener en cuenta y ponderar la consideración y cualificación como datos especialmente protegidos los que se solicitan, ya que el tratamiento de datos personales que revelen, entre otros aspectos, opiniones políticas queda prohibido». En lugar de reconocer que la Ley de Transparencia recoge expresamente que se deben difundir los trabajos subvencionados con dinero público, este alto cargo de la Vicepresidencia de Carmen Calvo apela a normas internas de la universidad. «Habrá que estar a lo que dispongan en cuanto a su publicidad y accesibilidad la normativa de aplicación en materia de trabajos de investigación y transferencia de resultados», advierte.

Así, el también dirigente del PSOE señala: «Por las razones expuestas, debe constar mi derecho de oposición a que los datos personales que me conciernen sean objeto de comunicación alguna en relación con subvenciones en las que la Universidad de Almería haya resultado beneficiaria para la realización de proyectos de investigación, ni que se me vincule de ninguna forma, directa o indirecta, explícita o implícita, con la obtención o percibo de subvenciones de las que no he sido beneficiario».

Este catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería insiste una y otra vez en sus alegaciones que él no se ha embolsado los 70.000 euros de las arcas nacionales. «No he sido beneficiario de subvención alguna en los proyectos de investigación en los que haya participado en el ámbito de la Universidad de Almería, pues la beneficiaria de las subvenciones habría sido la propia Universidad de Almería», subraya este experto en memoria histórica.

Varapalo del Supremo

No obstante, sobre este tema, el Tribunal Supremo desestimó en enero la querella que él interpuso por calumnias contra el senador del PP por Almería Rafa Hernando por afirmar que se había llevado a su “bolsillo” estas subvenciones.

El Alto Tribunal afirmó en su auto desestimatorio que “las declaraciones del querellado [Rafa Hernando] a los medios de comunicación se realizan al finalizar un mitin electoral, donde ambos contendientes son candidatos al Senado por la provincia de Almería, por partidos políticos distintos, como consecuencia de un debate sobre la Memoria Histórica, de interés público relevante”. Los magistrados consideran que un cargo público como este historiador debe estar sometido a «opiniones o informaciones de interés general».

«Utilización torticera»

En todo caso, Fernando Martínez López insiste en que «cualquier vinculación de mi persona a título particular con subvenciones concedidas a la Universidad de Almería incurre en una utilización torticera, cualesquiera que fuesen sus motivaciones».

«La Universidad de Almería, en la atención de sus obligaciones respecto de la Ley de Transparencia, no puede amparar ese uso torticero y debe sin duda evitarlo, garantizando con pulcritud el tratamiento de mis datos personales como ex empleado público de esa Universidad», zanja el alto cargo del Ejecutivo.

Tres subvenciones

Por otra parte, el alto cargo ministerial detalla que coordinó tres trabajos subvencionados sobre memoria histórica. En primer lugar, un proyecto titulado «La represión sobre la masonería andaluza» que fue sufragado con 33.426 euros del Ministerio de la Presidencia, según consta en el BOE del 4 de agosto de 2010.

En segundo lugar, organizó el estudio «El exilio republicano andaluz de 1939» que costó 35.750 euros públicos del mismo departamento del Gobierno con fecha de 25 de noviembre de 2011. Por último, lideró la investigación titulada «Tribunales de Responsabilidades Políticas II» que supuso 11.000 euros que, en este caso, puso en 2009 la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas.

Queja ante Transparencia

Por otra parte, al particular que ha solicitado la información le sorprende sobremanera que la Universidad de Almería haya dado trámite de alegaciones para escuchar la opinión del catedrático. Considera que en peticiones de información como esta, nunca se da audiencia a los funcionarios. «Fernando Martínez López en este caso no es bajo ningún concepto un tercero interesado», señala en conversación con este periódico. Además, acredita documentalmente que ya ha trasladado la correspondiente queja ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía por este sospechoso proceder de la citada universidad.